Colabora con el Ministerio de Medio Ambiente en la puesta en marcha de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental en vigor desde 2007, que regula la responsabilidad de las empresas con respecto a la prevención, evitación y reparación de los daños Medioambientales que puedan ocasionar como con secuencia del desarrollo de su actividad. En este sentido, la Administración ya cuenta con un registro público obligatorio de instalaciones potencialmente dañinas, con un listado de instalaciones con riesgo medio ambiental sobre las que, para cuando sea exigible, puedan dirigirse y solicitar que acrediten su obligación, o no, de constituir la “garantía financiera”. La Ley 26/2007 se plantea como una normativa a través de la cual las organizaciones realicen un ejercicio de reflexión canalizado hacia la identificación de aquellas actividades, procesos y sustancias que pudieran generar la potencialidad de un incidente ambiental. Esta ley regula la responsabilidad de los operadores, que desempeñen una actividad económica o profesional, para prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga y repara»